Tras una discreta reunión técnica en el Ministerio de Hacienda con el titular del gremio, el Poder Ejecutivo ratificó la suba del 15,7 por ciento en tres tramos. El sindicato respondería si acepta o no la suba apenas una semana antes del inicio de clases.
Comenzó este lunes la última etapa de la negociación salarial con el sindicato de los docentes, la cual está limitada por una postura oficial firme: el SUTE no recibirá más porcentaje que el resto de la administración pública ni plazos diferentes para la liquidación del aumento.
Así lo indicaron en el Poder Ejecutivo, después de una discreta reunión técnica en el Ministerio de Hacienda, que apenas sirvió para que el gremio se llevara información y empezara a analizar el impacto del aumento en simulaciones.
Sebastián Henríquez y otros miembros del gremio no dieron señales de cuál será su respuesta. Los paritarios del Gobierno, con el subsecretario de Gestión Pública Ulpiano Suárez a la cabeza, pusieron sobre la mesa la “disponibilidad presupuestaria” y entregaron al SUTE una base de datos con la aplicación del aumento, que será escalonado.
El Gobierno les pagará a los docentes, como a casi la totalidad de la administración pública, el 15,7 por ciento de incremento, en tres tramos: 5 por ciento en la primera “cuota”, 5,2 en junio y 5,5 en noviembre.
En el Poder Ejecutivo esperan algún aporte del SUTE. “Queremos ver si nos piden un traje más a medida”, explicaron. Pero los márgenes para que haya cambios relevantes son muy estrechos. Como mucho, se podrían elevar los montos de la ayuda para útiles que reciben los docentes y para indumentaria que se da a los celadores.
También el Gobierno sería permeable a que el aumento impacte más en la franja salarial en la que hay más docentes, que es la de aquellos que tienen 10 años de antigüedad. No obstante, el SUTE adelantó que no quiere hacer distinciones.
De este modo, la negociación quedó en un limbo: hay muchos encuentros pactados desde ahora hasta fines de febrero, pero poco para discutir.
El lunes que viene habrá otra reunión técnica y el 1 de febrero se formalizará en la Subsecretaría de Trabajo la oferta salarial que el SUTE ya conoce. A partir de entonces habrá un parate hasta mediados de mes, debido a que los docentes no volverán a la actividad hasta entonces. El 14 comienza el ciclo lectivo para los de secundaria y el 19 para los de la escuela primaria.
Los paritarios del Gobierno habían arreglado con el SUTE en diciembre que el gremio daría una respuesta el 16, después de hacer sus asambleas y plenarios. Sin embargo, en aquellos días, el cronograma escolar no estaba en firme y todos se manejaban con la presunción de que los docentes estarían en actividad el 5 de febrero.
No fue así. El 19 de diciembre surgió la resolución 2900 de la DGE, cuyo calendario dilata dos semanas más de lo que se creía el retorno a las aulas. Debido a esto, el Gobierno deberá esperar la respuesta del gremio hasta la semana previa al comienzo del ciclo lectivo.
El retraso, adelantado por MDZ el sábado, molestó al gobernador Alfredo Cornejo, quien pidió algunas explicaciones. “Los docentes siempre vuelven a clase después de los feriados de Carnaval, que son el 12 y 13”, se atajaron ayer en el Gobierno escolar.
El temor del Gobierno es que el SUTE arme un plan de lucha a pocos días de que comiencen las clases. Esto se debe a que el plenario para resolver si acepta o no el aumento se haría el viernes 23 de febrero. Es un escenario previsible el del paro, pero el Ejecutivo hubiese preferido conocerlo antes, para tener más margen de maniobra.
Hay quienes creen que Henriquez buscará impactar a nivel nacional con su “No” al aumento. En ese caso, será un hecho el decreto. “La idea es no llegar al inicio de clases sin tener resuelto el tema salarial, no solo por los docentes, sino por los alumnos”, recalcó ayer, en ese sentido, el ministro de Gobierno Dalmiro Garay.
Además, hay funcionarios que no le temen a la huelga en tiempos de ítem aula: “Van a tener una convocatoria del dos por ciento”, minimizan.
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