La inquietud de dirigentes oficialistas y opositores tiene su correlato en la opinión de los ciudadanos.
El aumentos de las tarifas, categoría contemplada en la inflación, es la principal preocupación de los mendocinos y, por ende, también de sus políticos.
En la última semana, tanto la oposición como el oficialismo salieron a marcar su postura contraria a la política nacional y presentaron sus propuestas.
La coincidencia no es casual: la suba de los precios (traccionada por el aumento de las tarifas, entre otras variables) está en el podio de la preocupación de los mendocinos, pasando a la inseguridad.
Este último tema quedó destronado después de liderar las encuestas durante, al menos, 6 años. Según Martha Reale, directora de la consultora mendocina Reale -Dalla Torre, la inquietud por el aumento de los servicios subió un 7% en un año.
“El tema tarifario no está como ítem, es un tema bastante nuevo. En la última medición hubo muchas menciones espontáneas cuando le preguntamos a la gente qué le preocupa en general y en particular, por lo que pensamos incluirlo en la grilla”, explicó.
“Aumentó mucho la preocupación por la inflación, hoy lidera el ranking de preocupaciones de los ciudadanos, sobre la inseguridad, que estuvo en el primer lugar de las encuestas hasta fines del año pasado”, señaló la consultora. Según su última medición, la inseguridad es una preocupación en el 60% de los mendocinos mientras que la inflación está presente en un 72,9%.
“En una comparación interanual, la inflación creció un 7%, mientras que inseguridad disminuyó 10 puntos interanuales. Esto es un dato nuevo, el tema tarifas es una preocupación contundente en la ciudadanía”, explicó Reale.
Se modifica el podio después de 6 años
Si bien la inflación es una realidad que preocupa a los argentinos desde hace años, y de hecho por momentos pareció que la población se había “acostumbrado” a convivir con ella, en las encuestas locales el tema pasó al frente y, por primera vez en seis años, la inseguridad abandonó el primer lugar.
En este punto, Reale señaló que al menos desde 2012 la inseguridad es la principal preocupación, aunque si se revisan los archivos se pueden sumar más años.
“Sólo en el año 2016 tuvimos una paridad en el ranking de preocupaciones ciudadanas entre inseguridad e inflación, después volvió a caer y aumentó fuertemente durante 2018”, explicó la consultora mendocina.
Las (re)acciones políticas
Los números que miden la preocupación de los mendocinos no escapa a la clase política, que bien sabe interpretar el humor social. En lo reciente, la oposición redactó dos proyectos de ley para frenar o amortiguar el impacto de las subas en el gas y la electricidad, mientras que el gobierno provincial prepara su propuesta para llevar esta semana ante Nación.
Así lo anunció el gobernador Alfredo Cornejo, quien durante sus dos años y medio de gestión ha hecho del combate a la inseguridad y la reformas a la Justicia sus principales banderas.
La semana pasada, Cornejo sorprendió con críticas al ministro de Energía, Juan José Aranguren, por la implementación de los nuevos cuadros tarifarios. El Ejecutivo trabaja para presentar esta semana una “contrapropuesta” ante la Nación.
Ayer, el ministro de Infraestructura, Martín Kerchner, señaló que el gobierno va a adherir al proyecto que va a presentar la diputada de Cambiemos Elisa Carrió, en el que pide un informe sobre el aumento de tarifas.
“Me parece perfecto que tengamos en claro el criterio de aplicación, de hecho es uno de los puntos que hemos manifestado no estar de acuerdo”, dijo Kerchner a radio Nihuil.
“Todos estamos de acuerdo que las tarifas eran insostenibles. Lo que no estamos de acuerdo es en algunos criterios de aplicación”, señaló el funcionario en torno al caso mendocino, en donde hay “climas extremos”.
“No quiere decir que no haya que ordenar la tarifa pero sí hacerlo más escalonadamente, más suavemente, es lo que planteó el gobernador, que fija la postura del Poder Ejecutivo. Vamos a enviar en los próximos días una propuesta”, avisó el funcionario.
Por su parte, la oposición también viene moviéndose en el mismo sentido, incluso desde antes. En esta lista está el diputado nacional José Luis Ramón, quien asumió en el Congreso con la frazada al hombro, símbolo de su cruzada contra los “tarifazos”.
El Frente de Izquierda y de los Trabajadores presentó un proyecto para que se declare “la Emergencia tarifaria, prohibiendo el aumento de tarifas de transporte, luz, agua y gas y creando una comisión de seguimiento y control de los servicios públicos”.
En el Partido justicialista también le han pedido al Ejecutivo que “interceda ante las autoridades nacionales para que se retrotraigan los aumentos de tarifas y servicios” a noviembre de 2017, además de pedir compensaciones a determinados usuarios.
Ayer, el diputado demócrata, Marcos Niven, presentó su proyecto para que se pueda pagar la factura del eléctrica en dos cuotas “similar al de Ecogas”, reza el proyecto.
Carrió y CFK quieren explicaciones y suspender aumentos
La diputada nacional de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, presentará un proyecto de resolución en el que pedirá informes al jefe de Gabinete, Marcos Peña, respecto de la aplicación de los aumentos de las tarifas de los servicios públicos por parte de las empresas prestatarias, y los controles realizados por los entes reguladores y el Poder Ejecutivo.
El proyecto pretende saber si existe un manual de normas y procedimientos, si los entes reguladores controlan y de qué forma, y que las empresas apliquen el cuadro tarifario en forma debida.
A través de la iniciativa, la diputada de la CC también solicitará información para saber si se han detectado errores de facturación y los porcentajes de reclamos durante los años 2016, 2017 y 2018, además de conocer el plan de obras en detalle y su grado de ejecución.
La líder de la Coalición Cívica y cofundadora de Cambiemos intenta conocer también qué incidencia tienen en lo facturado y cuál es la asignación presupuestaria por el subsidio de energía.
En el proyecto, Carrió pedirá que las autoridades de las empresas de energía eléctrica y gas natural, como así también las de las cooperativas eléctricas de las provincias, se presenten ante Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Cámara de Diputados, para brindar explicaciones sobre el tema.
Cristina se suma
La senadora nacional Cristina Kirchner presentó también un proyecto de ley para que el Gobierno suspenda por dos años los aumentos en las tarifas de los servicios públicos de electricidad, gas por redes y agua corriente para usuarios residenciales, pymes y cooperativas de trabajo y retrotraiga su costo al 1 de enero de 2017.
En la iniciativa, difundida tras el anuncio de Carrió, la ex presidenta propone crear en el ámbito del Congreso un Comité Nacional de Emergencia Tarifaria con el objetivo de “supervisar, controlar e implementar la ley”.
“Además de estas medidas urgentes para cuidar el bolsillo de los argentinos y argentinas ante el brutal ajuste de tarifas, realizamos una propuesta para resolver el problema de fondo mediante una Revisión Tarifaria Integral”, explicó la senadora en su cuenta de Twitter.
Según especificó, el Comité “buscará adecuar los cuadros tarifarios vigentes con el objetivo de alcanzar tarifas justas y razonables y reparar el descontrol que armó el Gobierno”.
En el caso de las pymes y a las cooperativas -agrega-, el beneficio se aplicará “siempre y cuando no despidan ni suspendan trabajadores y trabajadoras”.
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