Desde la gobernación, afirman que la estimulación hidráulica se practicaba sin ningún tipo de control desde hacía 60 años en la provincia. Esto fue lo que motivó, segpun explican, incentivo al Gobernador a que firmara el Decreto 248, que establece la obligatoriedad de tramitar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
La Ley de Hidrocarburos estableció un plazo de 35 años para las concesiones de explotación no convencional (fracking) sin una normativa que regulara el impacto ambiental de la actividad. Con la reglamentación del Decreto 248, Mendoza se transforma en la primera provincia que se compromete a preservar el ambiente y a no contaminar las reservas de agua.
En julio de 2013, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner firmó el Decreto 929. Ese decreto estableció el “Régimen de promoción de inversión para la explotación de hidrocarburos”. El 31 de octubre del 2014 fue promulgada la reforma de la Ley de Hidrocarburos. El texto estableció un plazo de 35 años para las concesiones de explotación no convencional (fracking), sin establecer una normativa que regulara el impacto ambiental de la actividad.
Ante esta situación, la Provincia de Mendoza trabajó en la elaboración de un decreto que reglamentara la actividad mediante un protocolo de funcionamiento que le otorgara una regulación ambiental a una actividad que se ejerce sin ningún tipo de control desde su aprobación.
Así, con la premisa del cuidado del medio ambiente y bajo la convicción de que el agua debe ser protegida, el Ejecutivo reglamentó, a principios de marzo del 2018, el Decreto 248. Sin este decreto, la actividad continuaría practicándose en Mendoza porque la Ley nacional de Hidrocarburos así lo impulsó.
Desde hace 60 años se utiliza la estimulación hidráulica en Mendoza, pero esta es la primera vez en la que un Gobierno se compromete a preservar el ambiente y a no contaminar las reservas de agua. La actividad no convencional, sin contar con una regulación ambiental, continuará causando serios impactos en el ambiente.
Con el decreto, el Gobierno está en condiciones de exigirles a las empresas estudios de evaluación de impacto ambiental. El establecimiento de una normativa específica que contemple la evaluación de todos los estudios y parámetros para determinar el impacto ambiental es inédito en el país. Contempla desde la integridad de los pozos, origen y cantidades de agua, aditivos y la obligación de instalar elementos que permitan monitorear las condiciones ambientales, entre otros aspectos.
Gracias a este marco legal, la estimulación hidráulica con regulación ambiental no implicará el uso de explosivos, disolución de la roca, cóctel de químicos altamente tóxicos, temblores ni sismos, ríos subterráneos de contaminantes, emisiones excesivas hacia la atmósfera y excesivos volúmenes de agua.
