Quieren que los padres paguen por los delitos que cometan sus hijos

En su discurso ante la Asamblea Legislativa del 1º de mayo, el gobernador Alfredo Cornejo anunció el envío de cuatro proyectos de ley, entre los que estaban el de Responsabilidad Penal Juvenil y el Régimen Jurídico de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes. En la saga de la Justicia que encaró en su gestión Cornejo, luego de encauzar cambios en los procesos penales y de dar la pelea política para una ampliación de la Suprema Corte, este año escribirá un nuevo capítulo si los legisladores aprueban su proyecto para reglamentar las responsabilidades de los adolescentes y de sus padres ante la Justicia.

La que llevará adelante esta iniciativa en la Casa de las Leyes mendocina será la ahora diputada Marcela Fernández, que se desempeñó durante dos años como subsecretaria de Desarrollo Social. Ella impulsará también la ley de modificación de la DINAF, que no encontró eco hasta ahora y que fue encajonada en el camino.

El proyecto para “adolescentes en conflicto con la ley” lo enviará el Ejecutivo antes de las vacaciones de invierno, porque la idea es que se vote primero el de la DINAF.

“No hay responsabilidad penal antes de los 16, no son punibles y el Estado tiene que a bordar la problemática de forma muy concreta, independientemente de su edad. Ese es el marco general que se le ha dado a la ley”, contó la ex subsecretaria.

El aspecto más importante, sin lugar a dudas, es que el Ejecutivo pretende que los padres sean responsables de los delitos o daños que cometan sus hijos y que no puedan pagar por sí mismos, es decir, los menores de 16 años que no son punibles.

“La responsabilidad parental es un eje que vamos a tener que debatir mucho, y cuesta porque no es traslativo el delito. Estamos hablando de jóvenes que no son autónomos y tienen la posibilidad de que los padres respondan por las acciones y por la responsabilidad que significa que el padre contenga a ese adolescente, porque en realidad lo que se ha escuchado miles de veces es ‘yo no lo puedo sostener, ya no sé qué hacer con mi hijo'” y los chicos empiezan a transgredir un sistema en el que la connivencia y la autorización tácita de los adultos está presente”, explicó la diputada.

Una de las formas en la que el Estado piensa hacer responsables a los padres es mediante un resarcimiento económico proporcional al daño ocasionado y que lo revierta. En situaciones en que no puedan pagar el daño, habrá algún tipo de régimen alternativo con trabajos comunitarios, por ejemplo.
“Las sanciones podemos discutirlas, pero no podemos tener la ausencia de los padres en este tema”, afirmó Fernández.

“La idea es responsabilizar a los padres en todos los tipos de daños en los que los adolescentes no se hagan cargo por sí mismos, estamos hablando de aquellos delitos que no impliquen la internación, es decir privación de la libertad. Ese sería el concepto general para que podamos contener la situación y no se agrave. La no reincidencia de los jóvenes no es un tema menor”, agregó.

Procesos más rápidos
Otro de los ejes que plantea el Gobierno con esta ley es seguir la línea de procesos más rápidos en la Justicia. “El marco de acción es en sintonía con las leyes provinciales como el Código Procesal Penal, venimos en consonancia con ese procedimiento que habla de la celeridad y la oralidad de los procesos. Queremos que al adolescente se lo llame, se lo cite, se haga la audiencia y se tome una decisión”, aclaró .

Hasta ahora, si un niño era menor de 16 años y cometía un delito, intervenía el Órgano Administrativo Local (OAL) y se dirigía al juez de familia para el control de legalidad y se tomaban medidas alternativas, como el acompañamiento del niño en su grupo familiar, siempre en la posibilidad de garantizar que no reincida en el delito pero que tiendan al desarrollo del joven. De ser sancionada la ley, todo el ámbito penal juvenil se extenderá desde los 16 hasta los más chicos, siempre en donde la condición sea el conflicto con la ley, sin límites inferiores.