Los médicos mendocinos se apuran en objetar y profundizan la grieta por el aborto legal

i bien el proyecto de ley de ILE (interrupción legal del embarazo) tiene media sanción y aún debe debatirse en el Senado, médicos de la provincia ya están abriendo el paraguas para abstenerse de realizar la práctica. Así lo explicó Horacio Vargas, profesional del área Mujer de la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP), la más grande de la provincia. Según contó, entre los servicios de Ginecología y Obstetricia de los efectores de OSEP circula un formulario que los médicos que quieren hacer uso de su derecho de objeción de conciencia ya están firmando.

Diario UNO consultó con Pablo Teixidor, delegado del Colegio de Abogados de Mendoza ante el Colegio Federal, quien explicó que si bien la objeción de conciencia es un derecho constitucional, la firma de cualquier formulario es sólo voluntarismo, puesto que aún el proyecto de ILE no ha sido sancionado.

Vargas explicó que ante la confusión generalizada por el proyecto de ley, hay médicos que se han adelantado a la posible aprobación porque los rumores acerca de que se los quiere obligar a realizar abortos se han multiplicado. “La institución debe tener algún médico a cargo. Pero no todos los médicos tienen obligación de aceptar la realización de la práctica. Cada médico tiene libertad de poder tomar esa decisión”, aclaró el profesional. En cuanto al origen de los formularios, agregó que no se sabe de dónde surgieron y aclaró que no es una iniciativa de OSEP.

Por su parte, Claudia Iturbide, de AMPROS (gremio de los médicos), dijo que no ha sido una propuesta del sindicato. “Nosotros no hemos hecho firmar nada, sólo nos limitamos a ofrecer a los médicos que quieran objetar conciencia a apoyarlos y a defenderlos”.

En el sistema público de salud, ya se realizan interrupciones de embarazos que están contempladas en el artículo 86 del Código Penal de la Nación, cuya interpretación fue clarificada por el fallo FAL, de la Corte Suprema de Justicia. Esto significa que se puede solicitar una ILE en casos de violación o peligro para la salud de la mujer.

De hecho, la ministra del área, Elizabeth Crescitelli, ha dicho en reiteradas ocasiones que en el sistema público se realizaron 7 interrupciones legales de embarazos durante el 2017.

La directora del Programa de Salud Reproductiva, Roxana Cabrera, explicó cómo procede el sistema público ante estas circunstancias. “La persona que solicita la ILE es abordada por un equipo interdisciplinario, en el que participan médicos, psicólogos y trabajadores sociales.

“En primer lugar, se cita a la mujer y se hace un abordaje interdisciplinario. Se aclaran sus dudas, miedo e inquietudes. También se brinda una consejería en reducción de daños, es decir en cómo hacer que la práctica sea lo menos traumática posible”, manifestó la funcionaria.

También destacó que se informa a la mujer las opciones a las que puede recurrir, si así lo decide: la ILE es una de ellas. Pero también se le explica que puede continuar con la gestación y recurrir a la adopción, o bien seguir con el embarazo. “Las mujeres vienen muchas veces muy golpeadas anímicamente. Si deciden interrumpir el embarazo, y están en condiciones, se le hacen los estudios y en un día se resuelve. La solicitante firma una declaración jurada (en caso de violación) y un consentimiento informado. Nosotros ya tenemos establecido en cada hospital un equipo de profesionales dispuestos a hacer la práctica. Por lo tanto, no debería haber problemas para implementar las futuras disposiciones”, argumentó Cabrera.