Profesionales de la Salud de Mendoza se unieron para apoyar la ley de aborto

Se denominan Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, un colectivo que tiene representantes en todo el país y que en la provincia reúne a 300 personas

Algunos días después de que la Cámara de Diputados de la Nación diera media sanción al proyecto para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), Isabel Del Pópolo, secretaria general de AMPROS –el gremio que nuclea a profesionales de la Salud–, salió a manifestarse en contra de la legalización del aborto, sentando una postura confusa. Hasta que lo aclaró, su posicionamiento pareció ser del sindicato y no una idea personal.

Esta situación provocó que un grupo de profesionales de la salud que están a favor de la IVE se reuniera para hacer pública su decisión. Ellos y ellas aseguraron que van a apoyar a las personas gestantes que decidan realizarse un aborto legal, seguro y gratuito, en caso de que se apruebe el proyecto, que se debatirá el 8 de agosto.

Técnicamente, se denominan Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, un colectivo que tiene representantes en todo el país y que ahora se ha creado en Mendoza. Allí se aglutinan más de 300 profesionales que, lejos de ser objetores de conciencia en contra del aborto, han decidido respaldar, con su ejercicio profesional, a las personas gestantes que soliciten una interrupción voluntaria del embarazo, en el caso de convertirse en ley.

La red se presentó el sábado en los portones del parque General San Martín e hizo pública su postura a través de un comunicado. Entre las actividades que se propusieron realizar está la confección de un mapa en el que figuren todos los efectores de salud pública de la provincia y todos los profesionales que están a favor del derecho a decidir voluntariamente la interrupción de una gestación.

“Contá con nosotros” es el lema de estos profesionales y no es sólo un eslogan. Una de sus integrantes es la médica Gabriela Maure. Ella explicó que, por una cuestión de funcionamiento, debido a la gran cantidad y heterogeneidad de sus miembros, se han dividido en diferentes comisiones. Ella participa en el armado de este mapa que servirá para que las personas gestantes sepan quiénes son los y las profesionales que no se declararán objetores de conciencia y que los van a acompañar.

“Los profesionales de la salud no somos ni seremos los protagonistas de esta decisión. No estamos para juzgar, sino para respetar. Somos muchos los que nos aseguraremos de que se garantice su cumplimiento”, manifestó.

También dijo que están preparando la difusión de información correcta sobre la IVE, que buscará contrarrestar la cantidad de folletos, informes y datos erróneos difundidos por los profesionales de la salud que no avalan la legalización.

“Del Pópolo no es todos”

“Somos una red de profesionales autoconvocados que tuvimos la necesidad de salir a posicionarnos después de que María Isabel Del Pópolo declarara que el gremio estaba en contra del aborto. Nosotros también somos parte del sindicato y queremos que la sociedad sepa que esos dichos no nos representan”, manifestó Mariela Mancilla, licenciada en Enfermería, con 30 años de experiencia en su área, que actualmente trabaja en el área de Neonatología.

“Si se legaliza el aborto, todos los efectores de salud deberán garantizar que la práctica se cumpla. Habrá objetores de conciencia como los hay ahora, pero debe darse cumplimiento al derecho”, aseguró.

El documento

A través de un documento difundido el 15 de julio, los profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir (filial Mendoza) sentaron su postura, y se comprometieron no sólo a acompañar a las personas gestantes que decidan interrumpir el embarazo, sino a denunciar a quienes no lo hagan.

El documento dice: “Hacemos público nuestro compromiso para garantizar, con nuestra formación el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en el sistema de salud. Nos negamos a reproducir la violencia patriarcal e institucional. Exigiremos el cumplimiento de esta ley en cada espacio que habitemos, brindando asistencia integral, respetuosa de la dignidad y de la integridad de las personas. Las personas gestantes usuarias del sistema público de salud, tienen derecho a acceder a información segura, completa e integral sobre la IVE”.