Autopsia psicológica a Norma Carleti

El fiscal busca saber si la empresaria asesinada sufría violencia de género. Lo recusaron por “pérdida de objetividad”

El fiscal de Homicidios Carlos Torres avanza para cerrar el caso por el crimen de Norma Carleti, ocurrido el pasado 5 de marzo. Se conoció ahora que prepara una serie de medidas, entre ellas, una autopsia psicológica. Pero el abogado Pablo Cazabán pidió el  apartamiento de la causa del fiscal por “pérdida de objetividad y violencia moral”.

El reclamo del defensor de los Guerrero (padre e hijos) fue hecho la semana pasada. En su presentación, Cazabán señala: “Vengo a recusar al doctor Carlos Torres, en esta causa atento el artículo 90 en función del artículo 72 inciso 11 del Código Procesal Penal de Mendoza, en razón que ha perdido toda objetividad en la investigación, atento la violencia moral devenida de la compulsa penal ordenada por el Tribunal Penal Colegiado 2”.

Y finaliza: “Cabe resaltar la manifiesta oposición de esta Defensa de intervenir en todo acto que sea decretado por el doctor Carlos Torres como fiscal de esta causa y por tanto solicitamos la suspensión de toda audiencia y acto que vaya a celebrarse hasta tanto no se resuelva la recusación aquí planteada”.

“Para resolver la causa”

Mientras tanto, el fiscal anticipó que, además de la autopsia psicológica con la que espera conocer el perfil de la víctima y valorar si existía o no un contexto de violencia de género, solicitó otras medidas. Entre ellas, la citación de una serie de testigos con los que espera “cerrar” la investigación y así pasar a resolver la causa.

Con esa base, la autopsia psicológica (sin el cuerpo presente) es un procedimiento que busca recolectar la mayor información y datos posibles para poder verificar el motivo o causa de la muerte, ya que con la información que se obtenga, el perito en psicología forense podrá conocer el perfil psicológico de la persona fallecida, así como su estado mental antes de que se produjese su deceso.

La recusación

A fines de junio la jueza Teresa Di Bari ordenó la “inmediata libertad” de Juan Carlos Guerrero (padre de Kevin, acusado como autor material del crimen) tras declarar nulas las imputaciones en su contra y de su pareja, Susana Hurtado,como partícipes del homicidio. Ambos beneficiados no fueron liberados y, 35 horas después, el fiscal Carlos Torres firmó una nueva imputación contra la pareja, ordenando que siguieran detenidos.

En aquel momento el abogado defensor de toda la familia Guerrero denunció que el fiscal “había cometido el delito del artículo 143, inciso 1°, del Código Penal, por privación ilegítima de libertad” contra Guerrero y Hurtado, al no hacer efectiva la inmediata liberación.