Trascendió que se basará en un informe del Cuerpo Médico Forense que sostiene que, por su cuadro, el servicio sanitario del penal no reúne los requisitos para atenderlo. Sin embargo, la querella se opone y señala que puede llegar a solicitar un Jury contra los representantes del Ministerio Público.
El estado de salud del ex dirigente radical y empresario Leonardo Hisa, preso desde marzo en la cárcel de San Felipe por el asesinato en Tunuyán de su ex mujer, Norma Carleti (59), se ha transformado en el tema destacado a resolver en el expediente que se inició por el conmocionante hecho.
Trascendió que, durante una nueva audiencia judicial que se desarrollará este miércoles a las 8.30, el Ministerio Público solicitará al Juzgado Penal Colegiado de Tunuyán que se le otorgue la detención domiciliaria al imputado.
El beneficio viene siendo solicitado por la defensa desde hace meses, al sostener que la vida del acusado está en serio riesgo por las enfermedades que padece.
Sin embargo, este giro de los investigadores llamó la atención de la querella, representada por Víctor y Federico Ábalos, debido a que la fiscalía había mantenido una postura contraria desde los primeros días de la detención.
Los fiscales del caso, Fernando Guzzo y Jorge Quiroga, se basarían en un informe firmado por el titular del Cuerpo Médico Forense, Javier Salinas, y la jefa interina de la Sección Necropsias y Lesiones de ese organismo, Claudia Azcurra, que señala, entre otras cosas, que “el servicio sanitario del penal y su infraestructura no reúnen los requisitos para cumplimentar las indicaciones médicas recomendadas…”.
Hisa fue internado en el Hospital Central por orden judicial el 19 de este mes y dado de alta 6 días después, con diagnóstico de egreso de “desnutrición, depresión y trastorno de personalidad en estudio”.
Perdió 30 kilos durante su estadía en la cárcel después de su captura, y su abogado, Daniel Sosa Arditi, aseguró que en el penal no recibe la atención médica adecuada por enfermedades que padece desde hace varios años.
Los abogados Ábalos emitieron este lunes un comunicado en el que expresan que el Ministerio Público “se niega a solicitar a Sanidad de la penitenciaría provincial si la misma se encuentra en condiciones de cumplir con las recomendaciones médicas efectuadas por el Hospital Central para con el imputado Leonardo Hisa, lo que evidencia una notoria parcialidad a favor del encausado con el único fin de justificar desde el Estado su detención domiciliaria, la que ya ha sido solicitada que en este caso no es por la defensa sino por el Ministerio Fiscal, contradiciendo su posición de hace una semana atrás”.
Los querellantes no se quedaron sólo con eso y fueron por más, al sostener que “la parcialidad denunciada dará lugar a la recusación de los doctores Guzzo y Quiroga, amén de analizar la posibilidad de Jury de Enjuiciamiento”.
Además, entendieron que cuando se hizo el informe del Cuerpo Médico Forense que recomienda la detención domiciliaria, en ningún momento se les notificó a las partes para que ofrezcan peritos de control, “lo que sería nulo”, explicaron.
Así las cosas, serán horas decisivas para la situación procesal del ex marido de la víctima, ya que algunas fuentes vinculadas a la causa señalaron que se trata de maniobras irregulares para que finalmente deje la cárcel capitalina.
Desde un principio, la investigación por el femicidio de la empresaria frutihortícola ha sido sinuosa.
La hipótesis de la fiscalía y la querella sostiene que Hisa pagó a un grupo de personas de su entorno para que terminara con la vida de Carleti, con quien atravesaba un complejo proceso de divorcio y separación de bienes. La mujer fue sorprendida en su casa el 5 de marzo y murió tras recibir más de 50 puntazos.
Actualmente, están presos el ex senador, un hombre que era empleado suyo, Juan Carlos Guerrero, y sus dos hijos, Kevin y Alexis. Para los pesquisas, Kevin Guerrero fue el autor material del homicidio. Quedó expuesto cuando dos reos lo grabaron en la citada cárcel, confesando la autoría y vinculando a Hisa.
Los internos, Carlos Albornoz y Manuel Cepeda, condenados por secuestro extorsivo, tuvieron que ser llevados a otras prisiones porque sus vidas estaban en riesgo al haber colaborado en la causa.
