Los religiosos deberán llevar pulsera electrónica, tendrán prohibido el acercamiento al denunciante y la salida del país
El juez penal del Valle de Uco, Fernando Ugarte, concedió la prisión domiciliaria a los dos monjes del monasterio ‘Cristo Orante’ de Tupungato, detenidos por presunto abuso sexual.
Deberán llevar la pulsera magnética y van a estar controlados de manera permanente por el Servicio Penitenciario de Mendoza. La decisión fue comunicada en una audiencia realizada para resolver la situación procesal de los dos religiosos.
Esta medida había sido solicitada por el abogado defensor Eduardo Oro quien manifestó que también había requerido el pedido de libertad. “El doctor Ugarte ha resuelto en la fecha otorgar la prisión preventiva bajo el fundamento de cumplimiento domiciliario. Los domicilios verificados no daban para la actitud técnica. Así que se ofreció un domicilio en Mendoza y ahí van a alojarse ambos monjes”.
En tanto, el magistrado Ugarte explicó que la modalidad también va a ser con la utilización de una tobillera magnética y este domicilio que “está próximo a 500 metros de la penitenciaria provincial”. Es decir que habrá un doble control, técnico y humano, de parte del personal de la Penitenciaria.
Además informó que se prohibió la salida de los dos imputados del país y se dictó una prohibición de acercamiento y todo tipo de contacto con el denunciante y todos su familiares.
Pruebas y recomendación psiquiátrica
Además de solicitar la prisión domiciliaria, la querella -los abogados que acompañan al denunciante- presentaron ante el juez un certificado psiquiátrico donde se recomienda a la víctima que no asista a las audiencias judiciales (un psiquiatra sostiene que no está en condiciones de hacerlo); aunque ello no quita que participe y se presente a las pericias (algo que continuará haciendo). Incluso, desde que se conoció el caso y trascendieron los detalles de los episodios, el joven ha prestado declaración 3 veces ya. A ella se suma la primera declaración que hizo ante las autoridades de la Iglesia, cuando denunció la situación antes de que tomara estado judicial.
Durante la audiencia del pasado lunes, además se validaron pruebas claves presentadas por la querella. Entre ellas se destacan un correo electrónico entre el ex arzobispo Carlos María Franzini y Portillo de 2015 donde se resuelve el traslado de este último a San Luis tras conocerse en el seno eclesiástico las primeras denuncias. Según trascendió, en ese mail el ex arzobispo se pone a disposición de Portillo para lo que necesite (pese a que ya se tenía conocimiento de los supuestos abusos).
Asimismo, se sumó un chat entre un ex abogado del denunciante y Diego Roque -el abogado era amigo de Roque, además de patrocinar a la víctima- donde el letrado manifiesta al monje que se estaba comenzando a iniciar una causa referida a los presuntos abusos.
Al momento de refutar el pedido de libertad o de prisión domiciliaria, la querella recurrió a la carta pública que se dio a conocer a principios de mes y donde uno de los imputados (Diego Roque) habla de que “la guerra ha comenzado” y se define como un “soldado” de Dios.
Según los abogados del denunciante, esa frase utilizada en la carta abierta genera miedo en la víctima; y en base a esto argumentan un posible riesgo procesal en caso de que se dicte la prisión domicilaria para los imputados.
Los dos monje fueron formalmente acusados por “Abuso sexual simple, agravado por el abuso de autoridad”; “Abuso sexual agravado por acceso carnal y tentativa de abuso sexual con acceso carnal” y por “corrupción de menores y corrupción de mayores”, ya que los supuestos abusos habrían ocurrido entre 2009 y 2015, años en que la presunta víctima llegó a la mayoría de edad legal.
