El Senado transformó en ley el discutido Fondo Anticíclico para aliviar la crisis vitivinícola de la provincia. Por su parte, la oposición tildó a este Gobierno de poner leyes a las apuradas, con prepotencia y sin consenso y los viñateros reclamaron porque la mejor uva del mundo se paga con lo precios más bajos
Con un patrón de debate diferente a lo sucedido la semana pasada en la Cámara de Diputados, los senadores transformaron en la Ley 9.146 lo que en su momento se llamó Fondo Anticíclico y ahora es el Programa Plurianual de Estabilización en el Mercado de Productos Vitivinícolas.
La nueva ley que tuvo el respaldo de 32 votos a favor y cuatro en contra, estuvo a punto de sucumbir, cuando a media mañana el bloque de legisladores del justicialismo se mostró absolutamente fisurado. Con un peronismo tradicional que no estaba dispuesto a respaldar la media sanción que venía de Diputados, a sabiendas que el corazón de la misma contenía los cinco puntos aportados por el bloque kirchnerista de Unidad Ciudadana. Mientras el bloque Frente Cambia Mendoza sabía que sin esos votos no había dos tercios para aprobar la ley, por lo que no le quedó otra que improvisar una estrategia política, en la que quedará en evidencia, que si no había ley, era por la pelea entre legisladores de la oposición.
La votación en la Cámara Baja.
Ya en el recinto y, con una oposición sentada a regañadientes, se escucharon muchas voces a favor y en contra del proyecto consensuado en la Cámara baja. Así el senador Lautaro Giménez (FIT) fue muy duro con la Administración provincial que la acusó de “mantener sociedad con los responsables de la crisis, los grandes empresarios bodegueros”. Del mismo modo, el legislador de la izquierda apuntó al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) diciendo: “Responde a los intereses de los que especulan con el negocio del vino. Grupúsculo que en las buenas y en las malas siempre saca su gran tajada. Mientras los obreros de viñas y pequeños y medianos productores son los únicos perjudicados”.
Por su parte, y a su tiempo, quien presidió toda la sesión (ausentes la vicegobernadora Laura Montero, y el presidente provisional, Juan Carlos Jaliff), Adolfo Bermejo (PJ Tradicional) dijo: “Todos los grandes temas que solicitó este Gobernador se los hemos aprobado. Sin embargo, él (Cornejo) con su bloque nos ha vivido faltando el respeto y lo último lo hizo ahora iniciando la sesión sin que estuviéramos presentes. El fin era claro, que si no se aprobaba la ley, la culpa era nuestra”.
El peronismo acompañó el proyecto.
Por otro lado, Bermejo se explayó y resaltó: “Nosotros apoyamos esta ley que le pone a la provincia a las apuradas y a punto de irse. Con prepotencia y sin consensos, tal cual en su momento lo hizo el presidente (Mauricio) Macri, que le impuso a los productores vitivinícolas pagar la lucha contra la lobesia botrana. Acción que se ha repetido permanentemente con este Gobierno provincial a cada propuesta que partió de este bloque, ya sea para crear un consejo anticrisis para auxiliar lo que hoy se quiere con esta ley, o para conformar un fondo de $400 millones que asista a todos los municipios una vez culminado el envío de la Nación por el fondo de la soja”.
Viñateros de toda la provincia presenciaron el debate del senado
La presencia de productores en los balcones legislativos dio marco a un áspero debate por el nuevo instrumento jurídico que tiene la provincia, que como se recordará, cuenta con un fondo anual de $800 millones y para este año estará discriminado en $500 millones de financiamiento y $300 millones con recursos del Estado. Para el próximo año y el 2021 será la mitad, es decir, $400 millones de financiamiento y los $400 millones de fondos públicos. En el 2022, $500 millones de dinero del Estado y $300 millones de financiamiento.
A una importante porción de esos pequeños y medianos productores los acompañó la Sociedad Rural del Valle de Uco. Su presidente, Mario Leiva, habló con El Ciudadano y en primera instancia dijo: “Apoyamos este plan plurianual, pero vemos que no está contemplado el Valle de Uco. Y el productor de allí quiere precio y no subsidio, ya que en el artículo 2º de esta ley dice que si falta financiamiento para la uva, el bodeguero puede pedirlo. Nosotros queremos que se nos pague US$1 el kilo de uva varietal, porque el productor de nuestra zona reconvirtió con mucho sacrificio de 80 a 100 quintales, rango que siempre le impuso la bodega que le compra su producción. Entonces, no puede ser que la mejor uva del mundo la paguen menos que cualquiera”.
Mario Leiva de la Sociedad Rural del Valle de Uco.
Al hablar de la crisis el gremialista rural, Leiva expresó: “El bodeguero pone la excusa del sobrestock vínico y nosotros creemos que aquí hay que hacer un parate, porque eso que se denuncia lo provocaron ellos mismos. Importaron 100 millones de litros desde Chile, entre ellos Fecovita, que dice defender a los productores. Además hay 150 millones de litros de blanco y tinto con uvas de muy bajo valor enológico, por lo tanto están matando al productor y al consumidor”.
Y como si esto fuera poco, reprochó que “50 millones de litros menos por la baja de consumo no es un volumen que preocupe, es manejable, en cambio, 300 millones sí es para preocuparse y por eso apoyamos esta ley para que los productores de toda la provincia no sufran las consecuencias de un mal manejo de la industria y del INV, porque alguien autorizó que se trajera vino desde el exterior”.
Finalmente, el gremialista dijo: “Los productores del Valle de Uco nos dijeron que si no nos pagan lo que solicitamos nos tendremos que ir y abandonar nuestra viñas. Por ejemplo, hoy hacer de 80 a 100 quintales con uva varietal sale alrededor de $156.000, solo de costo. Cuando faltó uva se llegó a pagar US$1,60 el kilo de uva, por lo que la pregunta es válida, ¿por qué no lo pueden pagar ahora? Es claro que no quieren competir y no quieren generar un mercado de uva. El mercado y los beneficios son de unos pocos. Patético e inaceptable”.
