Un juez federal le dictó la falta de mérito al ex intendente de Tupungato y procesó a integrantes de dos cooperativas. Es por una causa en la que se investiga fraude en la construcción de viviendas sociales a través de un programa nacional.
La justicia federal exculpó a un ex intendente del PJ que estaba acusado de fraude al Estado por la construcción de viviendas sociales y, en cambio, culpó de las maniobras a los responsables de las cooperativas que tenían a cargo la ejecución de las obras. Se trata del ex intendente de Tupungato, Joaquín Rodríguez, que había sido denunciado por el actual jefe comuna, Gustavo Soto. Para la justicia, Rodríguez no fraguó documentación para pagar de más a las cooperativas, sino que se ajustó a los convenios. Sí, en cambio, acusan a los titulares de esas instituciones por haber abandonado las obras, a pesar de los pagos recibidos.
La decisión del juez Marcelo Garnica (que actuó como subrogante) tiene connotaciones particulares. Es que se trata de una causa judicial similar, aunque a una escala mucho menor, a la que se tramita en la justicia provincial contra las cooperativas de la Tupac Amaru, el intendente de Lavalle Roberto Righi y el ex titular del IPV, Omar Parisi. El programa ejecutado es el mismo, la metodología de pago y las sospechas también. Pero la Justicia Federal decidió no acusar a los funcionarios políticos porque, según el juez, no cometieron ningún delito. Además, no se provincializó la causa, como sí ocurrió con la iniciada contra la Tupac.
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La causa fue iniciada por el intendente Gustavo Soto, pero las irregularidades habían comenzado antes. A través del programa de vivienda Integración Sociocomunitaria, dos cooperativas iban a construir casas en Tupungato. Para ello recibían anticipos que eran pagados, como preveía ese plan, a través de la municipalidad. La denuncia que se había pagado el 85% de la obra, pero que la obra tenía un avance de solo el 35%. Para ello, el intendente Soto aseguró que se habían firmado certificados de obra falsos. El juez determinó que eso no ocurrió y lo justifica con el funcionamiento que el Programa preveía: pago anticipados de fondos. Es decir, el formato del plan de viviendas estipulaba pagos aún antes de comenzar la obra y adelantos continuos. Así, por ejemplo, a ambas cooperativas les pagaron el 75% de los fondos, con un 40% de avance de obra.
Por eso el juez determina que los que cometieron fraude son los integrantes de las cooperativas porque recibieron los fondos, pero no avanzaron con la obra.
Las dos cooperativas involucradas son Mirador de Estrellas y Ojo de Agua. En total debían construir unas 70 casas. “Si se analiza el avance físico de obra alcanzado con los certificados emitidos y suscriptos por los funcionarios públicos del Municipio de Tupungato se advierte que éstos se habrían ajustado al avance físico de obra pactado y por ende, que carecen de contenido falso”, asegura el juez Garnica. Por eso, dictó la falta de mérito a Joaquín Rodríguez, ex intendente, Gabriela Carleti, Claudio Castro, Pascual Giaquinta y Mauricio Vaccari, todos ex funcionarios de ese municipio. En cambio, procesó a las autoridades de las cooperativas.
La causa tuvo impacto político dentro de Tupungato y Joaquín Rodríguez aseguró a MDZ que esa fue una de las razones por las que no se presentó como candidato a intendente. “Esa denuncia no tenía sentido. Nosotros le habíamos reclamado a las cooperativas por la falta de terminación de las casas y el intendente Soto no siguió el tema. Después él hizo la denuncia por una cuestión política. Ahora estoy analizando si seguir un camino legal por lo que hizo”, aseguró el ex intendente.
Extinción de dominio contra la Tupac
Mientras tanto, la causa de la Tupac en la justicia provincial abrió un nuevo camino. La Unidad Fiscal Civil ejecutó el proceso de extinción de dominio para que los vehículos y bienes secuestrados a Nélida Rojas, Ramón Martínez y su familia.
Se trata del primer proceso iniciado en ese caso desde que se sancionó la ley de extinción de dominio en Mendoza. La norma busca que el Estado se quede con los bienes que fueron adquiridos con recursos provenientes de delitos como relacionados con la corrupción.
