Del total de los casos, 22 ocurrieron en Buenos Aires, 8 en Mendoza y 7 en Salta.
Del total de los casos, 22 ocurrieron en Buenos Aires, 8 en Mendoza y 7 en Salta. En Entre Ríos y Santa Fe, se registraron 4; en Misiones, Corrientes y Córdoba 3; Catamarca y Tierra del Fuego 2; mientras que en Chaco, San Juan, Río Negro y Santa Cruz, una denuncia en cada una de las provincias.
En por lo menos 19 de esos casos, la Iglesia trasladó al acusado a otro destino. De cinco de esos curas o religiosos hay denuncias de abusos en más de un lugar.
En abril de este año se difundió una carta del arzobispado de Mendoza que deja en evidencia cómo se buscaba «evitar la judicialización» de una investigación de abusos que habrían sido cometidos por los dos monjes de Cristo Orante en Tupungato.
Las denuncias de abusos incluyen situaciones ocurridas en seminarios, hogares de niños, colegios pupilos, escuelas, campamentos y parroquias. La mayoría de los victimarios son curas o religiosos, pero también hay tres monjas acusadas. Las víctimas más chicas tenían 3 años de edad.
En Mendoza, algunos de ellos son:
Nicolás Corradi. Denunciado por abuso de menores en el Instituto para chicos sordos e hipoacúsicos Próvolo. Acumula denuncias por abuso en Italia y en el Próvolo de La Plata. No fue condenado.
Giovanni Granuzzo. Forma parte de la causa Próvolo de Mendoza, donde se abusó de chicos sordos e hipoacúsicos. También fue denunciado por abuso en Verona, Italia y La Plata junto con Nicolás Corradi, Luigi Spinelli y Eliseo Primati. Aún no fue condenado.
Jorge Luis Morello. Denunciado por Iván González, seminarista de 19 años de Guaymallén, Mendoza. En 2012 se inició una demanda civil contra el arzobispado (José María Arancibia y Sergio Buenanueva) por ocultar información y tuvieron que pagar una indemnización. El arzobispado argumentó que la relación «había sido consentida». No fue condenado.
Luis Sabarre. Denunciado en 2010 por abusar de una nena de 9 años en Mendoza. La Iglesia abrió una investigación y lo declaró inocente. Fue designado administrador parroquial del Colegio Nuestra Señora de Luján de Cuyo.
Luigi Spinelli, consejero en el Próvolo de Mendoza. También había sido denunciado en Verona, Italia.
Alejandro Squizziatto. Acusado de abusar de un niño en Mendoza en 2014. No fue investigado.
Carlos Miguel Buela.Fundador del Verbo Encarnado, Mendoza. Acusado de violar a seminaristas de la congregación. El Vaticano admitió que era culpable de «inconductas sexuales». Lo trasladaron a una iglesia en Génova. No fue condenado.
Fernando Yáñez. Procesado por abusar de chicos de un hogar en San Rafael, Mendoza. No fue condenado.
Horacio Corbacho. Detenido en Mendoza por las denuncias de abuso a chicos sordos e hipoacúsicos en el Instituto Próvolo. No fue condenado.
Oscar Portillo y Diego Roqué, hoy detenidos e imputados. Un joven denunció haber sido abusado sexualmente en reiteradas oportunidades por los dos monjes del Monasterio del Cristo Orante (Tupungato) mientras estuvo internado. Según destaca, los abusos habrían ocurrido entre 2009 y 2015.
«La práctica [de los traslados de religiosos acusados] ha sido habitual, no solamente aquí sino en todos lados. Eso está reconocido en los países donde se han hecho las investigaciones más profundas, como Estados Unidos o Alemania», admite Sergio Buenanueva, obispo de San Francisco, Córdoba, y coordinador del Consejo Pastoral de Protección de Menores y Adultos Vulnerables de la Conferencia Episcopal argentina.
Buenanueva es el máximo responsable de lidiar con el problema dentro de la Iglesia. «[La de los abusos] es una de la crisis más graves que tiene la Iglesia en los últimos tiempos», dice. También lo admite el Papa. «Es necesario cambiar la mentalidad para combatir la actitud defensiva-reaccionaria de salvaguardar a la Iglesia», dijo hace tres meses.
Los mecanismos de silenciamiento incluyen acuerdos legales.
La lista de los 63 denunciados incluye 17 casos con condena judicial, 22 con proceso judicial en marcha y 24 no judicializados, pero con denuncias consistentes en su contra (en cuatro de ellos hubo un proceso que quedó trunco). Además, la Iglesia misma admitió la culpa o sancionó a los involucrados en por lo menos 23 de esos casos. En 12, les quitó el estado clerical, la máxima pena que aplica la institución.
Sin embargo, el número de casos sin denunciar es mucho mayor. «Yo no sé si hay más; seguramente no hay menos», admite Buenanueva, al ser consultado por los 63 casos.
