Desde que comenzó a regir el Código Contravencional en Mendoza, se han iniciado 1.748 causas, de las cuales 244 ya tienen sentencia. Las ofensas hacia el personal de las escuelas es una de las faltas más recurrente.
A pesar de las críticas y modificaciones, el 2 de octubre de 2018 el nuevo Código de Faltas se convirtió en ley. Su implementación supuso una serie de cambios en el sistema judicial como la creación de 25 juzgados de Paz Letrados y Contravencionales.
Hasta el momento, el Ministerio de Seguridad evalúa su aplicación como “positiva” aunque aún se está trabajando en algunas mejoras, como la implementación de un sistema que unifique los datos y la denuncia on line de infracciones.
Desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 30 de abril del 2019, es en la 1º circunscripción judicial -comprendida por Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján, Maipú y Lavalle- donde más quejas se han presentado y resuelto. De un total de 912 causas, 220 ya obtuvieron su sentencia.
Según los datos oficiales, en el sur provincial son 456 los expedientes que se han abierto, sin embargo, solo dos lograron una condena. Gianni Venier, ministro de Seguridad, explicó que en la 2º circunscripción se decidió resolver primero los casos que se arrastraban de la legislación anterior.
En el Valle de Uco se contabilizaron 270 las denuncias con 12 resoluciones, mientras que en la zona Este de 110 causas, 10 ya tienen condena.
Las faltas más recurrentes
Cuando se comenzaron a divulgar los detalles del -por entonces- proyecto, algunos artículos provocaron polémica como aquel que planteaba penar a quienes movilizaran falsas búsquedas de paradero. Sin embargo, esto no pasó el filtro de la Legislatura ya que se creyó que desincentivaría las denuncias.
De las 1.748 denuncias que se han realizado, según los datos oficiales, son cuatro las más recurrentes.
Una de ellas está estipulada en el artículo 46 y plantea: “Ofensa personal a funcionario público. El que, en lugar público o privado abierto al público, ofendiere en forma personal y directa a un funcionario público en cumplimiento de sus funciones, incluidos los representantes del cuerpo diplomático o consular acreditados en el país. Quedan exceptuados de la presente, los funcionarios con representación política. La misma sanción corresponderá si el ofendido fuere personal directivo o docente de establecimientos educativos de gestión pública o privada, con motivo de la relación educativa”.
Esta falta implica sanciones monetarias de entre $14.250 y $28.500 o entre 15 y 30 días de arresto. Y como parte de la pena, el agresor debe pedir disculpas públicas en el patio o salón de actos de la escuela donde ocurrió el hecho frente a toda la comunidad educativa.
“Está funcionando muy bien, muchas personas se arrepienten de lo que hicieron y reconocen su error”, indicó Venier.
Incitar riñas, no custodiar al ganado y estar en estado de embriaguez en un lugar público son otras de las contravenciones más cometidas y denunciadas.
Resultados positivos de los trabajos comunitarios
Un porcentaje mayor de los condenados optan por abonar la multa monetaria, y hasta el momento, la efectividad de pago es del 90%. Aunque se prioriza que los agravios sean repuestas a través de trabajo comunitario.
“Tenemos experiencias muy buenas. Incluso una especialista en archivos comenzó a trabajar en el Ecoparque e hizo un excelente trabajo, después hasta querían contratarla”, señaló el ministro.
Es larga la lista de actividades que se ofrece para realizar y se tiene en cuenta la disponibilidad horaria y capacidades de la persona que debe cumplir el castigo. Actualmente se está trabajando en diferentes convenios con empresas privadas para tener más opciones.
