La UCR asegura que la norma está perfeccionada y los empresarios advierten que, si no hay cambios, tendrán que cerrar.
Este martes era un día clave para la ley 7.72 en la Legislatura, que amaneció vallada: las fuerzas políticas recibieron a los empresarios del sector minero que buscan una reforma en la norma que regula las sustancias para el desarrollo de la actividad. Sin embargo, el justicialismo le puso un freno al nuevo impulso, ya que avisaron que recién tratarán los posibles cambios cuando asuma el próximo gobierno radical.
Los senadores del radicalismo recibieron a los empresarios de la cámara minera en el nuevo edificio legislativo pero los referentes del peronismo pegaron el faltazo. Con todo, dieron explicaciones: tanto Adolfo Bermejo como Patricia Fadel sostuvieron que el PJ recién se sentará a discutir los cambios recién cuando el próximo gobernador, Rodolfo Suarez, los cite para negociar la letra de la ley.
A partir de ahí, los cruces. Por un lado, Bermejo aseguró que lo primordial por el momento no es la reforma de la ley minera sino avanzar con el presupuesto y recordó que el electo gobernador sostuvo que va a necesitar endeudamiento, una instancia a la que el PJ se ha opuesto en los últimos meses de gestión de Alfredo Cornejo con su proyecto del Girsu -financiado por el BID-.
Por otro lado, los radicales insisten en que la ley está perfeccionada, principalmente en los controles. Además, tanto Emilio Guiñazú -subsecretario de Energía y Minería- y Humberto Mingorance -Ambiente- señalaron que los reclamos de los ambientalistas están fundados en “mitos”.
Por su parte, los empresarios también le recordaron al peronismo que habían prometido tratar la ley que frena varios proyectos durante este año. Y advirtieron que si siguen esperando, van a tener que bajar las persianas.
Pero también dentro del peronismo hay grieta con este tema. La misma Fadel -que viene de uno de los bastiones que resiste los cambios, el Valle de Uco- se despegó de los proyectos que en su momento presentaron sus pares, Alejandro Abraham y el malargüino Juan Agulles, a los que consideró como “iniciativas individualistas que no fueron consensuadas con el resto del justicialismo”.
Así, la reforma de la ley 7.722 no tiene fecha y parece postergarse nuevamente en la Legislatura provincial.
