Por un fallo judicial solo 3 magistrados de la provincia lo tributan, entre ellos uno de la Corte.
Mientras a nivel nacional Alfredo Cornejo jugó a fondo presentando a través de la UCR un proyecto de resolución (que después se transformó en de ley) para exigir a todos los magistrados del país que paguen el impuesto a las Ganancias, hay que decir que en Mendoza este “privilegio” pasó a la historia el año pasado. Fue un fallo de la Cámara de Apelaciones el que ratificó que los funcionarios judiciales designados desde 2017 debían tener esa retención en sus haberes.
Sin embargo, la medida solo afecta hoy a tres jueces, uno de ellos el más nuevo de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, que ingresó al máximo tribunal en agosto. El resto de los 483 magistrados que hay en la provincia sigue exento del tributoporque fueron nombrados antes de aquella fecha.
Por supuesto, de aprobarse el proyecto que impulsa el radicalismo en el Congreso (con apoyo del Pro), todo el Poder Judicial de Mendoza pasaría a tributar Ganancias. Es que el 98% de los magistrados provinciales (y ciertos empleados que tienen rango de magistrado) tienen un salario mayor al del gobernador Cornejo, quien recibe una remuneración cercana a los 100.000 pesos mensuales. En total son 475 los jueces y fiscales que cobran más que el titular del Poder Ejecutivo.
Además, más de 60 perciben salarios de bolsillo mayores a los 200.000 pesos.
“Hay una desigualdad ante la ley porque la mayoría de los trabajadores están sometidos a este gravamen”, consideró Conrado Risso Patrón, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza.
Indicó que “la misma desigualdad se traduce a los jueces, porque los magistrados nombrados luego de 2017 deben pagarlo”, y puso el ejemplo de Garay, el único de los siete ministros de la Corte Suprema al que le descuentan Ganancias de su salario.
En este sentido, se calcula que un juez que tiene un sueldo de bolsillo de 200.000 pesos podría pagar una suma cercana a los 50.000 pesos por mes por Ganancias.
El gravamen
Este impuesto es una retención que hace la Nación tanto a empresas como a personas físicas que ganan mensualmente una cantidad de dinero por encima de una cifra mínima, y se calcula de manera proporcional, teniendo en cuenta los beneficios y deducciones según cada caso.
Es progresivo, es decir que aumenta la alícuota teniendo en cuenta la ganancia, y tiene cuatro categorías: rentas del suelo (inmuebles); del capital (acciones, intereses); de las empresas; y del trabajo personal.
Poniendo el foco en la cuarta categoría, hay una serie de deducciones que elevan el mínimo no imponible, como los casos en los que las personas tienen hijos menores de 21 años, personal doméstico, personas discapacitadas a su cargo, entre otros.
“Luego de agregar las deducciones -que morigeran la retención-, si aun así se supera la barrera del mínimo no imponible, entonces el Estado comienza a descontar un porcentaje en concepto de impuesto a las Ganancias, que es progresivo a través de una escala y una alícuota, que va del 9 al 35 por ciento”, explicó Risso Patrón.
En nuestro país, actualmente tributan los trabajadores dependientes que tengan un sueldo de, al menos, 30.000 pesos de bolsillo. Si se trata de un asalariado que aplica deducciones por cónyuge (no debe tener ingresos o, de tenerlos, estos deben ser muy bajos) y dos hijos, entonces el salario más bajo sujeto al impuesto sería de alrededor de 39.500 pesos de bolsillo.
Alfredo Cornejo: “Les haría bien aportar para tener prestigio social”
El gobernador Alfredo Cornejo defendió el proyecto que presentó el radicalismo ayer para que los jueces paguen Ganancias. Consideró que es una “gran injusticia” que los magistrados no abonen este impuesto “que incluso algunos jubilados pagan todos los meses”.
“Que los jueces federales y los empleados de la justicia federal y los jueces provinciales no paguen Ganancias es una gran desigualdad y es una gran injusticia con todos los que pagamos Ganancias, que somos un número importante en la Argentina”, destacó.
El presidente de la UCR a nivel nacional apuntó contra los demás sectores políticos al opinar que “hay muchísima cobardía al hablar de cosas del Poder Judicial. Además mucha gente se retrae en la dirigencia política por cobardía pero también porque consideran que señalar estas cosas es atacar a todo el Poder Judicial”.
En este sentido, lanzó que “les haría un bien” a los magistrados pagar ganancias para ganar prestigio ante la sociedad. “Necesitamos que las instituciones tengan prestigio para ordenar la vida y la convivencia”, acotó.
Y recordó el caso del juez Antonio Sánchez Rey, quien acordó que lo indemnicen con $ 4,5 millones por haberse apretado un brazo a la salida de su trabajo: “Aspiramos a que estas cosas no ocurran. Son grandes privilegios”.
